Pymes: El Gobierno evalúa nuevo proyecto para blanquear empleo

La Nación evalúa un nuevo proyecto laboral que simplifique el pago de las cargas patronales y reduzca el costo laboral en las pequeñas empresas.
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Se trata de una iniciativa que ya está en manos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y que contempla una simplificación del pago de las cargas sociales junto con un esquema de contribuciones patronales reducidas. 

De esa manera, las empresas de hasta cinco empleados pagarían sus cargas en función de la facturación, en lugar de la modalidad actual que se aplica por cada empleado, y en teoría se verían tentadas a abandonar la informalidad. 

La propuesta de más de 30 artículos fue elaborada hace tres meses por el Consejo de Asesores del Trabajo, un grupo de expertos que desde febrero asesora al funcionario sobre el régimen de contrato de trabajo, las tendencias locales y globales en el ámbito laboral y los conflictos, así como en los planes de empleo y capacitación.

En la actualidad, un 68% del empleo no registrado se concentra en microempresas, lo que equivale a 3,1 millones de trabajadores de un total de 4,7 millones en esa situación. Para fomentar el blanqueo, el borrador prevé un sistema simplificado similar al del regimen especial del servicio doméstico, con el pago electrónico de aportes y un sistema de bandas con cotizaciones fijas, en este caso por nivel de ventas. Esto permitiría reducir los costos no salariales y evitaría la contratación de un contador para liquidar sueldos.

En su articulado se sugiere además la posibilidad de acordar convenios laborales que contemplen la situación del sector, un viejo anhelo de los industriales y empresarios mercantiles.

 Se trata del proyecto para regular el teletrabajo y un regimen laboral especial para los trabajadores de las plataformas digitales. En ambos casos el foco está puesto en las nuevas formas de empleo en sectores autoexcluidos en buena medida de la legislación laboral.

La idea era mostrar que solo un 20% de los contribuyentes aporta el 99,4% de la recaudación fiscal. En ese marco, los funcionarios proponían un nuevo marco tributario con foco en las micropymes, que generan el 45% del empleo nuevo cada año. El combo preveía también la condonación de deudas por cargas sociales, la reducción de multas y la derogación de la indemnización agravada por empleo no registrado.

Uno de los objetivos del nuevo proyecto pyme es reducir la evasión impositiva en las firmas más chicas y la merma en los recursos de la seguridad social. 

Las contribuciones patronales aumentaron un 31% interanual en junio, por debajo de una inflación del 55% en el mismo período, un dato de la AFIP que revela el impacto que tuvo sobre la recaudación la pérdida de empleo y los efectos de la reforma tributaria de 2017. Algunas estimaciones prevén incluso la pérdida de $600.000 millones hasta 2022.

El otro actor interesado en el blanqueo y en fortalecer la recaudación es el FMI. Luego de la cuarta revisión del acuerdo, el organismo pronosticó un incremento de los ingresos impositivos, incluidos los correspondientes a las cargas sociales. Si bien los técnicos redujeron su proyección de crecimiento de la economía, la mejora en ese aspecto fiscal obedecería a la expectativa de una recuperación de la actividad, el empleo y el salario a partir del 2020.

En las empresas más pequeñas, en tanto, las dudas son mayores ya que la reducción del costo podría ser insuficiente debido a la incertidumbre sobre el futuro, porque el ocultamiento de la relación laboral puede ser parte de una cadena más amplia de evasión impositiva, o bien por la baja rentabilidad. Todos aspectos que reflejan una estructura productiva con fuertes restricciones para disminuir en forma signifitiva el trabajo no registrado.

En ese escenario, los cambios tributarios no parecen haber tenido una incidencia positiva sobre el mercado laboral. El trabajo informal aumentó de 33,9% en el primer trimestre de 2018 a 35% en igual período de 2019, según los datos del INDEC. Mientras que desde la aprobación de la reforma fiscal en diciembre de 2017 hasta mayo pasado, el empleo formal se redujo en casi 300.000 puestos, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Ministerio de Producción y Trabajo. 

Fuente: iProfesional

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