Allende acordó pena condicional y entregará al Estado provincial dos propiedades

Decomiso, multa y prisión condicional para Allende: En juicio abreviado, reconoció que se enriqueció en más de 1 millón de dólares
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l exdiputado provincial José Ángel Allende (PJ-Nogoyá) firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares y por ende tendrá que entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares). La denuncia por su enriquecimiento fue realizada por la Revista Análisis en marzo de 2012 y a partir de allí se le abrió una causa.

También reconoció el delito de negocios incompatibles con la función pública -también revelado por la revista- y por ende deberá pagar una multa de 3 millones de pesos. En tanto, tendrá que cumplir una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y será inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos. Esto último, como consecuencia, además, de las amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y al periodista Martín Carboni. La información fue confirmada por el abogado de Allende, Leopoldo Lambruschini. Los bienes que se decomisen podrían ser la sede del Consejo de la Magistratura y las oficinas de la Fiscalía de Género, reveló el director de Análisis, Daniel Enz.

El exdiputado bajó los brazos y acordó con la justicia un juicio abreviado por un combo de delitos cometidos en los últimos tiempos. Reconoció que se enriqueció ilegalmente siendo diputado provincial una y otra vez; que cometió negocios incompatibles con la función pública; que amenazó a la ministra Sonia Velázquez y también al periodista Martín Carboni. Y por ende tendrá que pagar por ello.

Allá por marzo de 2012, la nota de tapa de Análisis, firmada por el periodista Jorge Riani, derivó en el inicio de una causa por enriquecimiento ilícito, pero también por negocios incompatibles con el Estado: giraba subsidios a la fundación que preside su actual mujer, firmados y entregados por él mismo en actos públicos.

Cuando se le hizo una tasación oficial desde la justicia, en 2016, los profesionales actuantes determinaron que Allende tenía entonces bienes por más de 2,5 millones de dólares, pese a que algunos inmuebles no aparecieron en el relevamiento realizado en Paraná y Capital Federal. La cifra exacta fue de 2.512.965 dólares. El detalle, era el siguiente:

—Residencia en calle Castelli, pleno Parque Urquiza: 720.922 dólares.

—Piso 27 en Puerto Madero, Capital Federal: 536.000 dólares.

—Casa quinta en Sauce Montrull, 368.162 dólares.

—Semipiso en el edificio Torres del Cóndor, pegado al Hotel Marán, en pleno Parque Urquiza. Fue adquirido por Diana María Traverso (exesposa) en fecha 28/06/2007 y donado posteriormente a sus hijos en octubre del 2010. Está a nombre de Victoria, Carolina y Julio Allende. Está valuado en 297.192 dólares.

—Departamento 10 «A» en el edificio de calle Cervantes y Santiago del Estero, 130.600 dólares.

—Departamento 10 «B», en el mismo edificio, 81.800 dólares. Los dos inmuebles están a nombre de José Ángel Allende, hijos y la señora Traverso.

—Inmueble ubicado en calle Laprida Nº 152, Paraná, Matricula Nº 148596, Plano nº 111159. Adquirido por José Ángel Allende, el 25 de noviembre de 2004, posteriormente donado a sus hijos en diciembre de 2006. Sale 378.289 dólares. O sea que hace a un total de 2.512.965 dólares.

La tasación judicial comprendió además el yate denominado Quichua, con camarote y hasta una especie de caja fuerte incrustada, que costaría actualmente 55 mil dólares. Sorprendió que no fuera incluida la isla de Allende, comprada en 2014. Son 13.700 metros cuadrados (poco más que una manzana), ubicados frente al Club de Pescadores de Paraná. La operación la concretó con la abogada María Cristina Mercedes Daneri, quien vendió su parte de la herencia familiar. La letrada estaba en la Fiscalía de Estado y actualmente está a cargo de los sumarios en Tribunales.

Entre 2016 y tiempos recientes, Allende se desprendió de varios inmuebles transfiriéndolos a familiares o testaferros, que no aparecieron en el relevamiento judicial. Fue el caso del costoso piso de calle 25 de junio (entre Buenos Aires y Santa Fe), por el que le había pagado 160 mil dólares al escribano Héctor Krochik –radicado en Punta del Este, desde la abrupta caída del Banco Cooperativo del Este- ni la propiedad que tenía en calle Courreges. Tampoco se incluyó la tasación del haras de Nogoyá, donde tiene algunos caballos, ya que la mayoría de los equinos de carrera están en el hipódromo de Palermo, para lo cual debe abonar mensualmente significativas sumas de dinero para su mantenimiento. Y estuvo ausente la radio La Voz que tiene en Nogoyá.

Además de gremialista, exlegislador y referente del poder oficialista, Allende es un hombre de negocios. Está ligado, a través de sociedades con amigos y familiares, con domicilios en el exterior, al negocio financiero y bursátil. Tuvo una empresa en Montevideo y cuentas bancarias que ordenó cerrar cuando la revista consignó su existencia. También se dedica a la cría de ganado (las estimaciones indican que dispone de entre 3.000 y 5.000 cabezas de ganado en zonas de islas de los departamentos Diamante y Victoria, lo que negocia con tres firmas consignatarias diferentes); al cultivo de cereales y a los medios de comunicación. Está vinculado con el mercado de los medicamentos (más allá de que cuando saltó el negocio irregular de la efedrina ordenó el cierre intempestivo de la farmacia que conducía una de sus hijas y que estaba en la esquina del Hospital San Martín de Paraná); con las carreras de caballos y la construcción.

Allende dispone además, hace ya un buen tiempo, de varios modelos de vehículos antiguos, con los cuales, junto a su actual mujer, participa en competencias en diferentes puntos del país y no duda en fotografiarse sobre ellos en cada jornada automovilística.

Es decir que su patrimonio es muy superior a los 2,5 millones de dólares que figuraban en la tasación. Pero como cada uno de los políticos reconocidamente corruptos de nuestras tierras entrerrianas, Allende siempre negó todo.Intento fallido
A fines de 2016, el diputado y gremialista le pidió a su abogado y sobrino Marcos Rodríguez Allende -quien llevaba adelante su defensa- que gestionara una reunión con el procurador Jorge García para concretar un juicio abreviado. “Allende quiere que nos juntemos porque pretende terminar con la causa penal y está dispuesto a reconocerse responsable de enriquecimiento, aceptaría tres años de prisión condicional, no renovaría la banca de diputados y entregaría algunos bienes”, le dijo.

Allende se reunió con el procurador y le indicó que estaba dispuesto a reconocer el delito de enriquecimiento que se le imputaba.

—Doctor, me hago cargo de mis culpas, pero quiero que desligue totalmente a mi mujer y a mis hijos, que también quedaron involucrados en la causa –insistió Allende.

—Eso está previsto. Nosotros exigimos tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la entrega del departamento en Puerto Madero, la casa del Parque Urquiza y la estancia de Sauce Montrull- se le respondió.

Allende quedó mudo y fijaron fecha tentativa para otra reunión que nunca se realizó. En 2017, a mediados de febrero, la web Análisis digital informó sobre la posibilidad de un juicio abreviado para Allende a cambio de bienes y prisión condicional. Sergio Urribarri lo citó urgente a su despacho para hablar del tema, según quedó registrado en el libro El Nido.

—¿Vos sos loco, Ruso? ¿Sos consciente del precedente que nos generás si acordás eso? –le preguntó el exgobernador, también denunciado por enriquecimiento ilícito.

—Pato, no es por mí. Es por mi mujer y mis hijos. Adriana me vuelve loco; ya se quiso ir a la mierda de la casa porque no soporta más esta situación.

—No sé, le buscamos otra solución. Pero no arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política. A mí no me van a meter preso. No se van a animar.

Nunca más se avanzó en la posibilidad de un acuerdo. Primó la avanzada del propio Urribarri y sus allegados, varios de ellos también pendientes de decisiones judiciales por causas de corrupción.

El expresidente de Diputados y titular de UPCN Entre Ríos siempre tuvo estampado el símbolo del dinero en su frente y en sus genes. Nunca dejó de sacar tajada de alguno de sus movimientos, como desafiándose permanentemente, para demostrar que, como varios de los popes gremiales de Capital Federal, él también podía ser rico y poderoso sin transpirar demasiado la camiseta. Durante los períodos legislativos ese lugar de privilegio de diputado oficialista u opositor –como sucedió con Sergio Montiel, que se transformó en su mejor aliado- le dio ciertos aires de prestigio jamás comprobado, relaciones sociales en medio de una sociedad paranaense ostentosa y siempre dispuesta para las fiestas y la foto al instante, como así también posibilidades de hacer innumerables negocios millonarios, imponiendo un poder para muchos inexistente. Allende se valió de cada minuto de esos años en la banca para cumplir a rajatablas con esas prerrogativas de la vida, en beneficio propio, pero también para cada uno de sus familiares, a los que ubicó sin ponerse colorado, en diferentes estructuras del Estado. Ya fuesen hijos, hermanos, sobrinos, cuñados, esposas, empleados de haras o de la casa quinta. Todos pasaron al Estado entrerriano; con diferentes sueldos, categorías, contratos o lugares de poder que, quizás, hasta se ganaron por mérito propio. Pero siempre estuvo antes la “sugerencia” del diputado al responsable político para que le abriera el camino con un puesto.

Algo así sucedió también con la arquitecta Adriana Satler, a quien conoció para rediseñar su casa quinta de Sauce Montrull y la terminó convenciendo para que se transformara primero en su novia y luego en su esposa. Su mujer, que tuvo a su cargo la dirección de obra de la mansión en el Parque Urquiza, fue funcionaria en el Ministerio de Salud, luego pasó a Diputados y lo asesoró en el gremio y en algunos de los negocios que encaró. Uno de ellos fue el manejo absurdo de subsidios que concretó en la Cámara Baja, entre 2007 y 2011, a través de la fundación que crearon. Satler y la hija del exdiputado, Carolina Allende, pasó a planta permanente de Diputados. El hijo, Julio Allende, quedó en planta del Senado el año pasado.Nuevo intento y acuerdo
En los últimos años, Allende no dejó apriete sin hacer, tratando de hacer honor a su apodo de descendencia familiar de Machito. Mandó a apretar a una funcionaria de Salud de Diamante pero pudo zafar de la justicia; amenazó a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y a la vez también al periodista Martín Carboni. Allende se sintió cercado por la justicia y se dio cuenta que los tiempos políticos se le fueron acabando, más aún cuando no le dieron ningún tipo de lugar en el bordetismo.

Ese fue el marco por el cual se avanzó en un nuevo acuerdo de juicio abreviado, esta vez sin Rodríguez Allende, sino de la mano del abogado Leopoldo Lambruschini, del estudio Federik. El escrito se terminó de formalizar el 28 de mayo, después de ocho meses de negociaciones. Allí, Allende dejó establecido que reconocía todos los delitos que se le imputaban.

El informe del enriquecimiento ilícito, según el escrito final del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó establecido que el exdiputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de 1.069.841 dólares. Por ello fue que se acordó el decomiso de bienes inmuebles, cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Por ende, se dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, de más de 340 metros cuadrados y valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de su mansión de cuatro pisos en calle Juan José Castelli 10, de 199 metros cuadrados, valuado en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares.

A la vez, se le impuso una multa de 3 millones de pesos, que sería el equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos.

Y se impone una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, se estableció, como norma de conducta por el plazo de dos años: “la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores a las víctimas y sus grupos familiares, por sí o por interpósita persona”; “realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión” que se determine desde la justicia; “la prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento”.

El decomiso de los bienes es en favor del Estado provincial. Y en el acuerdo quedó establecido que, a entender del Ministerio Público Fiscal “se entiende oportuno asignar el inmueble a decomisar, de calle Castelli 10, para la sede del Consejo de la Magistratura, que carece de lugar propio”. Y que el inmueble de calle Laprida “sea asignado al Poder Judicial, con destino a la Unidad Fiscal de Género de Paraná”.

El escrito fue firmado por Allende; su abogado Leopoldo Lambruschini; la fiscal Laura Cattáneo; el fiscal Alvaro Piérola (que llevó adelante el caso Carboni); el fiscal Leandro Dato (que trabajó el expediente por el caso de la ministra Velázquez) y la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. La audiencia posterior con el juez de Garantías pertinente será solamente un trámite formal de la justicia.

Quedó sellado el final de un dirigente que le hizo mucho daño a la política, al Estado entrerriano y al peronismo. Y el acuerdo fue también un llamado de atención para esa dirigencia gremial y política que lo vino sosteniendo por décadas, como buena parte del periodismo entrerriano. Que se engañó con sus movimientos de poder, con su discurso vacío y lleno de mentiras; que bancó sus aprietes, sus golpes bajos, sus métodos repudiables.

Allende no estará más en lugares públicos y tuvo que entregar parte de su patrimonio. Y por tres años no podrá cometer ningún error, para no terminar en la cárcel, como le sucediera al exsenador Mario Yedro (PJ). Algo se avanzó, aunque seguramente habrá quienes no están de acuerdo. Y lo decimos desde esta pequeña tribuna, después de denunciarlo periodísticamente a Allende por casi 30 años, con innumerables tapas, soportando sus advertencias y amenazas. Y con demasiados mirando para otro lado.

Fuente: El Entre Ríos

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